Sinopsis del documental

La historia comienza con la llegada de Eduardo Zaplana al gobierno de la Generalitat Valenciana en 1995 con la ayuda del partido regionalista Unió Valenciana. Desde el principio Zaplana colocó a hombres de su confianza al frente de RTVV, la cual escudándose en el 50% requerido de programación de producción propia adjudicó muchos programas a productoras privadas, muchas de ellas no valencianas. Se trataba de favorecer a amigos inflando los presupuestos de manera escandalosa, lo cual hizo que el déficit de la cadena pública se multiplicase varios centenares de veces en nueve años. Sirvan como ejemplo los programas Panorama de Actualidad, cada edición del cual costaba unos 25 millones de pesetas, para una audiencia de unos 35.000 espectadores o “El Faro de Alejandría”, con una audiencia de entre 8.000 y 12.000 espectadores y un coste por programa de nueve millones de pesetas (el presentador Fernando Sánchez Dragó se llevaba dos millones de pesetas por programa). El déficit pasó de 1,4 millones de euros en 1995 a 400 millones en 2004.

También durante esta época se empezó a desplazar al segundo canal a los trabajadores que no comulgaban con la nueva política de información del medio y muchos becarios recién salidos de la facultad pasaron a trabajar en los informativos de la cadena donde el señor Zaplana era protagonista indiscutible. Mientras tanto la audiencia de la cadena solo conseguía aumentar tímidamente con algunos programas de perfil amarillista o programas del corazón como el célebre Tómbola.

En marzo de 2003 el comité de redacción de TVV emitía un comunicado de prensa en el que manifestaba su disconformidad con el tratamiento informativo que se dio a la manifestación a favor del PHN en Valencia tachándolo de “desmesurado”, “propaganda” y “totalmente inadecuado” y comparándolo con la escasa cobertura que se hizo de la gran manifestación contra la guerra en Irak.

En 2003 RTVV acumulaba alrededor de 40 por despidos improcedentes y contratación en fraude de ley que le habían costado al ente público cerca de 601.012 euros. La mayoría de los despidos se comunicaban a la finalización de contratos que después la justicia rechazaba porque, entre otras cosas, no amparaban dentro del marco legal el trabajo que se venía realizando.

También en 2003 el consejo de administración de Canal 9 aprobaba un pliego de condiciones mediante el cual se privatizaría el canal. UGT interpuso un recurso que fue aceptado por la juez, que anuló éstas condiciones que afectaban a la contratación del servicio de edición de los programas informativos, el suministro de contenidos audiovisuales y la promoción e intermediación en la venta de espacios publicitarios de Canal 9 Y TVV. La juez lo anuló por vulnerar la ley del tercer canal que exige la gestión directa del ente público por parte del gobierno autonómico. Ni un segundo dedicó Canal 9 a esta noticia, lo cual le valió un nuevo comunicado de la asociación de periodistas de comisiones obreras quejándose por este doble rasero y manipulación informativa. Tras una nueva serie de recursos, el Supremo desestimó en 2007 de forma definitiva las pretensiones de la cadena autonómica.

Tras la llegada de Francisco Camps a la Generalitat la situación no ha hecho más que empeorar de forma ostensible ya que la manipulación informativa y la visión sesgada que se iniciaron en la época de Zaplana se han visto incrementadas de forma preocupante. Camps se encargó poco a poco de eliminar todos los vestigios de Zaplanismo en Canal 9 para moldear una cadena pública a su medida.

Tras las elecciones autonómicas de 2007, el comité de empresa de Canal 9 aseguraba en un comunicado que durante el proceso electoral se habían aplicado técnicas de manipulación y control de la información que la convirtieron en una televisión de campaña del PP con la consiguiente distorsión introducida en el proceso electoral. Se le dió más tiempo al PP que a sus competidores y se mostraban numerosas críticas de los populares al gobierno socialista sin que hubiese ninguna réplica a éstos. La siguiente campaña electoral, esta vez para las generales de 2008 también trajo cola y le costó a Canal 9 una demanda al constitucional por parte del PSOE tras una edición del programa “Parlem clar” en el que la periodista Manu Ríos resumía el debate de la siguiente manera “es una oposición que enarbola propuestas de gobierno y un Gobierno que se dedica a demolerlas con argumentos propios de una oposición sin ideas". En su presentación la periodista anunció los tres temas de debate del programa: la propuesta del PP sobre inmigración, que "al parecer cala hondo en la sociedad española" y "ha crispado al Gobierno socialista"; la ilegalización de los partidos vascos ANV y PCTV pese a que el Gobierno socialista no ha impedido "en tiempo y forma" la "presencia de colaboradores de terroristas en las instituciones"; y el vídeo de "los artistas de la ceja" en apoyo a Zapatero que "han hecho suya la estrategia de lanzarse a degüello del Partido Popular".

El portavoz parlamentario socialista Ángel Luna aseguraba que Canal 9 recurre a técnicas como la ocultación de imágenes y opiniones relevantes; la creación de polémicas artificiales (seguridad ciudadana); el falseamiento de la información; la intoxicación informativa; la reiteración de mensajes (sequía y trasvase del Ebro), y la manipulación en el reparto de los tiempos de las opiniones.

Tras estas denuncias, el Síndic de Greuges de la comunidad valenciana y amigo de Camps, José Cholbi, tuvo que instar a RTVV a dejar de incumplir los principios de veracidad, pluralidad y transparencia informativa.

En 2009 el director general de Canal 9, Pedro García Gimeno, se veía obligado a dimitir tras su relación con el caso Gürtel, ya que recibió diversos trajes al igual que Camps, aunque el gobierno valenciano se apresuró a asegurar que la dimisión se había producido por “motivos personales”. Gimeno también había trabajado con Zaplana y Camps en sus respectivos gabinetes de prensa y comunicación antes de dar el salto a RTVV. Su gestión fue calificada por Jorge Alarte como “"la etapa más vergonzosa y denigrante y antidemocrática del funcionamiento de la televisión pública valenciana, sin precedentes no sólo en nuestra autonomía, sino también en ninguna otra televisión pública del Estado español".” El Canal autonómico tapó también de una forma bastante evidente la imputación de Camps en el caso Gürtel omitiendo sistemáticamente toda información relevante al respecto.

Ya este año los sindicatos han criticado fuertemente la cobertura informativa dada por Canal 9 a las manifestaciones en contra de los derribos en el Cabanyal. Además, a mediados de febrero tres periodistas denunciaban al número dos de canal 9, Vicente Sanz, por acoso sexual en el trabajo. En un documento de 11 folios las denunciantes relataban vejaciones sexuales, obscenidades, amenazas y una situación de miedo insuperable ante el poder de su jefe de personal. Canal 9 no se enteró al parecer ya que esta noticia que fue destacada en la mayoría de medios de comunicación fue simplemente omitida.

En marzo de 2010 nace la Plataforma por la Transparencia y la Pluralidad en Canal 9, cuya intención es ser parte activa en los procesos en contra de la manipulación en Canal 9 además de exigir que se cree el Consejo Asesor de Canal 9 en el que se deberían ver representada la sociedad Valenciana y que sería un necesario mecanismo de control. La Plataforma convocó una manifestación el día 17 de Abril en la plaza de la virgen de Valencia a la que acudieron cientos de personas.

Estamos claramente ante un grave atentado contra los valores democráticos y contra la transparencia informativa y el servicio público que debería brindarnos una cadena que pagamos de nuestro bolsillo todos los ciudadanos. RTVV está secuestrada por el gobierno de Camps, que la ha convertido en su coto particular.

En nuestro documental trataremos de repasar de forma lo suficientemente detallada todo este proceso histórico que acabamos de explicar brevemente, tratando de hacer hincapié en los aspectos más importantes del mismo. Se trata de poder poner al corriente a la ciudadanía de cómo se ha estado gestionando la televisión de todos los valencianos. A su vez, trataremos de obtener la opinión de algunos personajes relevantes desde el punto de vista del documental tratando de dar voz a todos los colectivos implicados, aunque la visión del documental es sin duda la crítica a esta gestión “popular” de la cadena durante los últimos 15 años. Se tratará pues de mantener una visión objetiva de unos hechos que hablan por sí mismos y que son de gran interés para los que estudiamos el mundo de la comunicación.

En el documental tendrán cabida las opiniones de políticos de uno y otro bando, como Ángel Luna o Eduardo Zaplana, profesores universitarios especializados en derecho de la comunicación como José María Vidal, personalidades del mundo de la cultura valenciana como el dibujante cómico Ortifus o el ex director del MUVIM Román de la Calle, ex trabajadores del ente público, etc.
Toda la información al respecto puede encontrarse en este blog.